Reunión estatal sobre la regulación de camiones eléctricos es hoy

Una "Caravana por el Aire Limpio" pide a la agencia que considere una regla fuerte. Los grupos transportistas piensan que la regla es "aspiracional"

La periodista y editora comunitaria Yvette Vargas contribuyó a esta historia.

En este momento, los residentes que viven cerca de centros de transporte de mercancías están en Sacramento preparándose para dar testimonio en apoyo de una regulación de flota de camiones que promete eliminar las emisiones de los vehículos más contaminantes del estado.

La regulación Advanced Clean Fleet propuesta por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) exigirá a las flotas públicas y privadas que cambien sus furgonetas de reparto, camiones de la basura y grandes camiones por vehículos eléctricos antes de 2040. También, la regla propone que todos los nuevos vehículos que se incorporen a las flotas ‘drayage’, camiones que transportan mercancías entre instalaciones portuarias, patios intermodales y almacenes, deberán ser de emisiones cero a partir de 2024.

Los residentes y los defensores del aire limpio creen que la agencia puede impulsar objetivos y enfoques más fuertes. Quieren que CARB adelante la fecha propuesta para la venta de camiones 100% eléctricos de 2040 a 2036 y que el número de flotas incluidas en la parte de "flotas de alta prioridad" se modifique de 50 a 10 vehículos. CARB explica que las flotas de alta prioridad son entidades que generan más de $50 millones de ingresos brutos anuales o una flota que posee, opera o controla 50 o más camiones bajo propiedad común o individuos.

Estos cambios podrían proteger aún más a los trabajadores y a las familias, que están sometidos tanto a la explotación como a la contaminación mortal, explica la analista política principal del Colectivo Popular por la Justicia Medioambiental (PC4EJ), Andrea Vidaurre.

"No sólo defendemos la justicia medioambiental junto a los miembros de la comunidad, sino que también luchamos por apoyar a los camioneros independiente,” dijo Vidaurre. "La mayor parte del Inland Empire tiene a alguien involucrado en el transporte por camión y sabemos que sus ingresos y su vivienda están ligados a esos camiones.”

Un análisis realizado por CARB muestra que la propuesta actual puede suponer un ahorro neto de $47 millones para California, al tiempo que se reducen más de 400,000 toneladas métricas de contaminación óxido de nitrógeno y partículas de aquí a 2050. Una linea de tiempo acelerada a 2036 para la venta de camiones eléctricos añadiría $10 millones de dólares más a esa cifra monetaria, al tiempo que se reducirían las visitas a urgencias y las hospitalizaciones por problemas cardiovasculares y respiratorios.

El ACF es la última adición a un conjunto de acciones ejecutivas y polízas que apiran transformar el sector del transporte de California a cero emisiones. En junio de 2020 se aprobó una políza complementaria para camiones medianos y pesados, la regla Advanced Clean Truck, que exige a los fabricantes que empiecen a producir camiones eléctricos. El gobernador Gavin Newsom también emitió una orden ejecutiva en septiembre de 2020 para ordenar a las agencias estatales (incluida a CARB) que eliminen progresivamente las ventas de coches y camiones de gasolina para 2035.

"[El ACF] es una regulacion muy importante, dado que es la primera que se dirige específicamente a los camiones diésel de todos los usos,” dijo Vidaurre.

Sin embargo, muchas asociaciones de transportación y grupos empresariales siguen oponiéndose a la ACF debido a la preocupación por la disponibilidad y viabilidad de los camiones eléctricos. Las cartas de comentarios públicos de empresas de transporte de mercancías, asociaciones de camioneros y asociaciones de combustibles fósiles afirman que la norma ACF sería perjudicial para el sector del transporte de mercancías debido a la insuficiente autonomía de las baterías de los camiones eléctricos para entregar paquetes a tiempo. Otros se preguntan si la red de electricidad del estado en dificultades puede soportar la mayor demanda de electricidad que supondría una transición completa a los vehículos eléctricos. Y la mayoría señala que los costes más elevados de camiones eléctricos son una carga costosa para las flotas más pequeñas y de propiedad independiente.

"Se trata de una regulación con aspiraciones: es lo que les gustaría que ocurriera,” dijo Joe Rajkovacz, portavoz de la Western States Trucking Association. "Piensan que si imponen algo, lo harán. Eso no es cierto. Lo que sí pueden hacer es estropear las cosas para el movimiento de mercancías en California. Y eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos que va a pasar.”

A Albert Vargas, un operador de camiones independiente con sede en Fontana, le preocupa que el ACF pueda añadir más cargas a su negocio, ya agotado. Vargas dio un salto de fe hace casi dos décadas al moverse al Inland Empire para estabilizar su pequeño negocio de transporte. Las normas de aplicación establecidas por el CARB han provocado un aumento de los costes de mantenimiento, que Vargas dice que ha tenido que asumir para evitar citaciones o remolques. Ahora, su flota se reduce a sólo dos camiones.

"No hemos tenido más remedio que cumplir", explica. "Pero ha sido frustrante".

Cuando se enteró de la ACF, Vargas expresó su escepticismo y espera que CARB pueda ser más razonable y justo para operaciones pequeños. "Debería haber una opción para que las pequeñas empresas pidan una cita con CARB y que ellos diagnostiquen las situaciones caso por caso, en lugar de ser despiadados con las personas que intentan y quieren cumplir esos requisitos.”

Sam Appel, de la Blue Green Alliance (BGA), cree que la transición a los camiones eléctricos establece el futuro para el sector. BGA, junto con grupos como los Teamsters y la Federación de Trabajadores de California, argumentan que la reducción de la alta prioridad de 50 a 10 camiones podría ayudar a abordar la mala clasificación de los conductores de camiones, que ha sido comparada con la servidumbre por los organizadores laborales debido a la explotación de los trabajadores.

"Esta es una de las industrias más explotadas en California para trabajar,” compartió Appel. "Los conductores de los segmentos de contratistas independientes y de transporte por carretera suelen ganar menos del salario mínimo y se ven obligados a pagar sus propios camiones. CARB debe estructurar esta regulación de manera que las empresas que son realmente las que obtienen beneficios y los intereses que controlan el sector se vean obligadas a absorber los costes de la transición."

CARB en una declaración enviada por correo electrónico dijo que el ACF es "la intención de ayudar a acelerar el mercado de camiones de cero emisiones." Cuando se le preguntó acerca de las recomendaciones hechas por los grupos justicia ambientales y labor sobre la fecha de 2036 y el umbral de alta prioridad, la agencia dijo que "han echado un vistazo a algunas de estas opciones en [su] análisis."

Ada Trujillo es madre de tres hijos y vive cerca del patio ferroviario de BSNF en San Bernardino. Su hijo menor, Alan, de 8 años, sufre de sangrados nasales ocasionales y su marido tiene problemas constantes de alergias. Alan atiende a la escuela primaria Ramona Alessandro, situada frente a BNSF, donde los estudios han demostrado que los alumnos son propensos a contraer asma debido a la exposición a la contaminación por diésel.

Para Trujillo, la regulación ACF representa una oportunidad para que CARB ayude a limpiar de la contaminación del transporte de mercancías que ella y muchos otros han expresado a la agencia y al regulador regional del aire, el Distrito de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD). Trujillo es miembro del Comité Directivo que se ocupa de los problemas de contaminación en San Bernardino y Muscoy.

"Tenemos que ajustar constantemente nuestra vida para adaptarnos a la industria,” dijo. "Ha llegado el momento de tomar acción. [CARB] necesita empezar a presentar soluciones a nuestras comunidades ahora.”